Freno al alud de litigios en el Tribunal Supremo
28/01/2011
El CGPJ da su visto bueno a que se eleve en un 500% la cuantía mínima para recurrir en casación. Impulsa un pacto para que la reforma se apruebe en breve.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dió ayer su aval a dos anteproyectos de ley que, según explicó su portavoz, Gabriela Bravo, “son esenciales para el proceso modernizador de la Justicia”. Se trata de la futura ley de medidas de agilización procesal –cuyo objetivo es eliminar recursos superfluos– y la dirigida a regular el uso de las nuevas tecnologías en la Justicia.
El CGPJ quiere, entre otras cosas, frenar el alud de recursos que llegan al Supremo. También, que ambas normas estén aprobadas antes del verano. Para ello, están ya trabajando en impulsar un acuerdo de Estado para la Justicia. El objetivo: lograr que, antes de que concluya la legislatura, el Parlamento las apruebe.
Las reformas que contiene el anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal afectan a los procesos civil y contencioso-administrativo. A juicio del CGPJ, los cambios que introduce resultan positivos pues “permitirá mejorar la repuesta de los juzgados, al suprimir trámites procesales innecesarios o sustituirlos por otros más breves”. Asimismo, la reforma prevé descargar de asuntos al Supremo con el fin “de que pueda llevar a cabo su labor prioritaria, que es la unificación de doctrina”, señala Bravo.
Para poner freno al número de asuntos que llegan al Alto Tribunal, el anteproyecto eleva la cuantía mínima para recurrir en casación de 150.000 a 800.000 euros. Este incremento del 533% ha sido criticado por los vocales Concepción Espejel y Claro José Fernández-Carnicero, a través de un voto particular.
Para ambos miembros del CGPJ, esta brusca elevación de la cuantía “parece excesiva” y “hará a las sentencias prácticamente irrecurribles en casación”. Por ello, entienden que hubiera sido más correcto fijar el umbral en 300.000 euros. Espejel y Fernández-Carnicero sostienen, en su voto particular, que la reforma “busca reducir los tiempos de resolución a costa de privar de la vía de recurso a los justiciables”.
Por otra parte, el CGPJ también aprobó ayer instar al Gobierno a que impulse una reforma para agilizar el proceso penal.
Respecto del anteproyecto de ley que regula el uso de las nuevas tecnologías, el órgano de gobierno de los jueces lo valora positivamente. Sin embargo, recalca el esfuerzo presupuestario que deberán afrontar las administraciones para cumplir con las obligaciones que impone. Asimismo, pide que se realicen modificaciones en algunos preceptos que “menoscaban” las competencias del CGPJ. En este sentido, advierte al legislador que si no se producen dichos cambios “se alteraría el consenso alcanzado en materia tecnológica por el Ministerio de Justicia, el Consejo General, la Fiscalía y las comunidades autonomas”.
Expansión, 28-01-2011