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Sobre el papel, la abogacía puede verse como una amplia red que llega a todos los rincones del país. Desde el punto de vista organizativo, es uno de los pilares de la Justicia y hace posible que los procesos administrativos y judiciales se pongan en marcha. Sin embargo, las reformas que precisa el sector para reforzar su anclaje en el sistema y mantener su estatus, esencial para la salvaguarda y el mantenimiento del Estado democrático, llevan un ritmo demasiado tranquilo y pausado.

Es cierto que la labor del legislador es, en muchas ocasiones, susceptible de críticas. Las leyes se reforman cada año, a golpe de parches y sucesos (véase el Código Penal). Pero lo que no cabe desconocer es la realidad, en algunos casos crítica, de la abogacía, que necesita ajustes rápidos: una nueva Ley de Justicia Gratuita, que es uno de los termómetros sociales del sector, en la que se incluyan los problemas que tiene el turno de oficio.

La futura norma ?la actual data de 1996? deberá tener en cuenta cambios esenciales en el derecho como los que han supuesto las leyes contra la violencia de género o de igualdad. En lo que se refiere al turno de oficio, la crisis ha provocado demoras en el pago de las facturas en algunas autonomías, una situación que resulta insostenible. El desarrollo de la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador es otro de los aspectos pendientes. A día de hoy, aún no existe reglamento (se han conocido cuatro borradores) para una ley que se aprobó en 2006, aunque está previsto que entre en vigor a finales de 2011. [?]