Recuperar la confianza de los ciudadanos
23/12/2011
El nuevo ministro de Justicia tiene mucho trabajo por delante. Para el Partido Popular la justicia formó parte de las líneas maestras de su programa electoral. El diagnóstico de Génova antes del 20-N no daba lugar a dudas: la congestión de los juzgados y tribunales, la dilación en los pleitos y los retrasos e incidencias en la ejecución de las resoluciones judiciales constituyen la manifestación externa de carencias acumuladas en la justicia española que deben ser abordadas con determinación.
El ministerio que comandará Gallardón tendrá que modernizar la justicia garantizando la seguridad jurídica a través de un marco normativo estable y una Administración de Justicia profesional, especializada, eficaz y sobre todo con una mayor agilidad. Dos medidas trazadas en esta línea ya fueron avanzadas por Rajoy en su discurso de investidura citó la aprobación de dos normas específicas: una Ley de Mediación y Arbitraje como mecanismo de solución extrajudicial de conflictos que evite la litigiosidad y una Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
No son los únicos puntos necesarios que contempla el PP para modernizar la justicia. También han especificado que simplificarán los procedimientos, desjudicializarán determinadas materias, mejorarán la ejecución de sentencias y promocionarán la informatización plena. En este sentido Rajoy fue claro desde la tribuna de oradores del Congreso el pasado lunes, ?la Administración de Justicia ha de ser un servicio público moderno y de calidad y promoveremos un uso eficiente y coordinado de las nuevas tecnologías, compatibilizando los ocho sistemas informáticos actuales, que son incompatibles entre sí?.
También el próximo presidente del Gobierno abordó los cambios en el modelo de la oficina judicial para que aseguren la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales y afirmó que hay que ?simplificar procedimientos, reforzar del principio de oralidad, revisar el sistema de recursos e incorporar los juicios rápidos al ámbito civil?. El Partido Popular contempla en su programa electoral la reforma del sistema de penas del Código Penal, introduciendo la cadena perpetua revisable, hecho que fue criticado ampliamente por el anterior titular de Justicia, Francisco Caamaño. [?]