Noticias

Los notarios se consideran actualmente una pieza "infrautilizada" en el engranaje judicial español, por lo que se ofrecen al nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para asumir nuevas competencias ahora en manos de los jueces. Aseguran que la justicia está saturada porque "litigar es casi gratis", por lo que proponen subir las tasas judiciales como elemento disuasorio. La justicia española sufre un atasco importante en algunos de sus ámbitos de actuación. Prueba de ello es que un asunto civil puede tardar hasta ocho años desde la primera instancia hasta que el Tribunal Supremo emite una sentencia firme. Más allá, un litigio del ámbito tributario puede demorarse por encima de los diez años.

Esta situación disuade a los inversores extranjeros, según el Consejo General del Notariado, al percibirse como inseguridad jurídica. "¿Qué empresario, máxime si es extranjero, desea invertir en un país cuya justicia puede tardar en solucionarle un asunto ocho años?", se lee en el editorial de la revista del cuerpo Escritura Pública. Los notarios consideran que en España, independiente de tomar medidas para mejorar el sistema judicial en sí, se necesitan "medios eficaces de prevención del pleito", es decir, que debería haber muchos menos asuntos que lleguen a sustanciarse en los juzgados. El colectivo cree que la desconfianza de los ciudadanos hacia la figura del árbitro, al no gozar este de la proyección pública que tiene el juez, se eliminaría "si el arbitraje se asentara claramente y para materias concretas sobre el notario".

Las encuestas apuntan que el fedatario es percibido por la ciudadanía con carácter general "como muestra de seguridad jurídica". Otra de las propuestas para descongestionar la justicia sería la aprobación de una ley de jurisdicción voluntaria. En la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno socialista presentó un proyecto de ley, pero fue retirado en el Senado y no se volvió a activar esta iniciativa. El PP tiene entre sus prioridades regular la jurisdicción en la que ahora interviene el juez pero en la que no existe litigio entre partes. Los notarios han reiterado que están en condiciones de asumir asuntos como las declaraciones de herederos abintestato. Argumentan a su favor que no es necesaria la intervención del juez y que disponen de oficinas tecnificadas, conocimientos jurídicos y cercanía física a los afectados.

Las notarías han sufrido un descalabro en su facturación con la crisis, que ha reducido al mínimo la formalización de préstamos, principal vía de ingresos. Los notarios creen que hay que "reforzar el valor del documento público notarial", apoyados en que penalistas demandan la reforma del artículo del Código Penal sobre el delito de falsedad en documento público por lo numerosos casos que se producen. El colectivo notarial reflexiona sobre las causas que llevan a que España sea uno de los "más litigiosos" de su entorno. La explicación que da es que, a pesar de ser "poco vendible políticamente", España es "uno de los escasos países de la Unión Europea en el que litigar es casi gratis". El cuerpo notarial va a más allá incluso y anima al Gobierno a explorar "medidas conjuntas de imposición más generalizada de tasas judiciales y de aplicación sin exclusión o, con causas muy excepcionales, del criterio objetivo del vencimiento en la determinación de las costas". [?]