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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planea un paquete de reformas de calado en el sistema judicial en un momento en que su departamento cuenta con un presupuesto exiguo de 1.632 millones de euros. Implantará tasas para recurrir en segunda instancia, cambiará el sistema de elección de los miembros del CGPJ y revisará la planta judicial y los criterios de ascenso de jueces. Ruiz-Gallardón mostró ayer las cartas boca arriba en su primera comparecencia en el Congreso para anunciar sus planes al frente de Justicia. El ministro planea en esta legislatura aprobar seis nuevas leyes, que son las del Poder Judicial, Planta Judicial, Enjuiciamiento Criminal, Jurisdicción Voluntaria, Mediación y un nuevo Código Mercantil.

Y también quiere reformar el aborto, establecer una pena de prisión permanente y regular la multirreincidencia en los delitos. "Podemos ser un fabuloso instrumento para la recuperación económica", alegó Ruiz-Gallardón. El ministro está dispuesto a acabar con la imagen de politización de la justicia, por lo que el Gobierno modificará el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Doce de sus 20 vocales pasarán a ser designados por los propios jueces y los otros ocho se elegirán en el Congreso, pero no por el sistema de cuotas entre partidos sino "por consenso" de los grupos. Justicia quiere delimitar más claramente también las funciones del pleno y las comisiones. El Tribunal Constitucional también será reformado, recuperando el recurso previo para los estatutos de autonomía.

CiU y PNV criticaron el cambio en el sistema de elección de los vocales porque consideran que el Gobierno dará así preponderancia a la voluntad de los jueces sobre la soberanía popular. Ruiz-Gallardón aseguró ayer que "un mal funcionamiento de la justicia tiene siempre consecuencias económicas", por lo que su departamento se aplicará en planificar "bien las inversiones" para garantizar la tutela judicial efectiva y hacer de la justicia una palanca de competitividad. Hay "una ingente cantidad de recursos" pendientes, por lo que apostó por cambiar la organización de jueces y tribunales, "que no es la más adecuada". El sistema actual adolece de "carencias de gestión, elevada litigiosidad y agotamiento del modelo".

¿Qué hacer para desatascar los tribunales de justicia? El ministro anunció que establecerá tasas judiciales para las partes que recurran un fallo en segunda instancia y, también trascendente, los ingresos se destinarán a modernizar la justicia y no a engrosar las arcas de Hacienda. Así sucede ahora con los depósitos obligatorios al inicio de determinados procedimientos vigentes ahora. En España ingresan en los tribunales cada año 9,3 millones de asuntos y la tasa de pendencia (casos sin resolver) supera los 3,6 millones. El ministro volvió a la comparación con Francia, donde hay 60 millones de habitantes y solo 5 millones de asuntos nuevos anuales. [?]