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- Subida de tasas. El Gobierno subirá -el ministro de Justicia no dijo ayer cuánto- las tasas que ya se pagan por recurrir una sentencia. Desde 2003, en algunos procedimientos, quien decide elevar a una instancia superior una sentencia con la que no está de acuerdo paga una tasa de entre 90 y 600 euros; además, desde 2009, para recurrir hay que entregar un depósito de hasta 50 euros que solo se devuelve si el recurso se gana. El Gobierno elevará la cuantía de tasas y depósitos -salvo en el ámbito penal- para frenar el "abuso", el "exceso de litigiosidad actual", dijo Alberto Ruiz-Gallardón (hay unos 130.000 recursos no penales al año y el 80% se pierde, según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial). Estarán exentos los ciudadanos con menos renta, como ahora. Las tasas que también se pagan en primera instancia no se tocarán.

- Restricción de la justicia gratuita. Las personas con menos recursos económicos seguirán teniendo derecho a un abogado de oficio, pero los requisitos se endurecerán, exigiendo por ejemplo que esa falta de recursos se acredite mejor, y revisándola en cada fase del procedimiento si este se alarga.

- Ley del Aborto. Ruiz-Gallardón fue muy claro: la Ley del Aborto de 2010 se va a reformar. Pero el único cambio concreto que planteó fue el que afecta a las chicas de 16 y 17 años: tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir el embarazo. El resto de la reforma no lo reveló -apeló únicamente a "la doctrina del Tribunal Constitucional"-, aunque todo parece indicar que el Gobierno recuperará en esencia la ley de 1985, eliminando el sistema de plazos que en 2010 convirtió el aborto en un derecho en las primeras 14 semanas de embarazo. El PP tiene recurrido ese aspecto de la ley -y el de las menores- ante el Constitucional. Ruiz-Gallardón no aclaró si esperará o no a conocer la sentencia para poner en marcha la reforma legislativa. [?]