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El Gobierno reformará la fórmula de elección de los miembros del CGPJ y volverá al método que existía antes de 1985, según ha manifestado esta tarde en el Congreso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También se iniciará una ronda de negociaciones con las fuerzas políticas para renovar el TC. La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha manifestado esta tarde en su comparecencia el Congreso, según adelantó elmundo.es, que el Gobierno tiene la intención de reformar el modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para volver al sistema anterior a 1985, tal y como solicitaba una de las 50 medidas que efectuó EXPANSIÓN al nuevo Gobierno el pasado otoño.

En la fórmula de elección anterior a 1985 los miembros del órgano de los jueces eran elegidos mayoritariamente entre jueces, mientras en la actualidad sus 20 miembros son elegidos por Congreso y Senado por mayoría de tres quintos. El presidente es designado por el propio Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Formalmente son nombrados por el Rey. Sáenz de Santamaría ha hecho este anuncio en su turno de respuesta a los portavoces de los grupos, lo que ha suscitado quejas de la oposición, al no tener posibilidad de réplica. El socialista Ramón Jáuregui ha criticado que la vicepresidenta haya utilizado esas formas, sin dar posibilidad a los partidos a mostrar su postura o preguntar al respecto.

Igualmente, el Ejecutivo por boca de su vicepresidenta ha explicadop que se va a proceder a abrir una ronda de negociaciones con las fuerzas políticas a fin de renovar de carácter inmediato el Tribunal Constitucional. En opinión de Santamaría, "si existe una institución en la que merece la pena trabajar por el refuerzo de su independencia, ésa es el Tribunal Constitucional, y el reto es recuperar por completo el prestigio que merece, que se ha visto deteriorado en los últimos años y devolver la centralidad a su primigenia función, que es velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico". Por ello la vicepresidenta, ha anunciado la presentación a las Cortes una Ley Orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a las recogidas en la Carta Magna. [?]