El Gobierno reformará el Código Penal para tipificar como delitos las infacciones graves en la gestión pública
27/01/2012
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo promoverá una reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos". Además, indicó que este viernes el Consejo de Ministros tratará la Ley de Estabilidad y el techo de gasto. Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha explicado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Gobierno quiere presentar otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.
"La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que genera consecuencias a quién malgasta", ha defendido la número dos del Gobierno. En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia". Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones". En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno".
La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto". Sáenz de Santamaría ha estrenado hoy la primera ronda de comparecencias de los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha constatado la voluntad política del Ejecutivo de reducir el número de organismos públicos y de homologar las retribuciones de sus directivos. También ha dejado claro el compromiso del Gobierno de exigir la máxima responsabilidad a los gestores que "malgasten", ya que podrían incluso hasta comparecer ante la Justicia. [?]