Garzón vuelve al banquillo, ahora por investigar los crímenes de de la dictadura franquista
27/01/2012
El Tribunal Supremo vuelve a juzgar desde hoy a Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, en esta ocasión por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo comenzará a juzgar este martes a Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo, lo que le puede costar su inhabilitación como juez durante 20 años. Se trata de la segunda ocasión en pocos días en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por intervenir los encuentros de los cabecillas de "Gürtel" con sus abogados en prisión.
El magistrado, que la semana pasada fue juzgado en el Supremo por ordenar las escuchas en prisión a abogados del "caso Gürtel", tiene ahora que enfrentarse a una petición de 20 años de inhabilitación que plantea la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. La sesión de hoy estará dedicada a las cuestiones previas y no está previsto que Garzón declare hasta el próximo día 31, tras lo que se han reservado los días 1,2,6,7,8, y 9 de febrero para la declaración de la veintena de testigos propuestos por la defensa, la mayoría de ellos representantes de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, informa Efe.
No estarán en este juicio, sin embargo, algunos de los testigos que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, consideró claves para probar la inocencia del magistrado. El Supremo rechazó que declararan los tres jueces de la Audiencia Nacional que respaldaron la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel). También fueron rechazados los testimonios de varias personalidades jurídicas internacionales solicitadas por la defensa, entre las que figuraban la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. [?]