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Economistas y juristas coinciden en que la propuesta lanzada por el Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos podría requerir una reforma del Código Penal. El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre un posible cambio legal para castigar a quienes gestionen mal el dinero público ha sido bien acogido, pese a su concisión, por el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich.

Consultado por Efe, el economista ve la posibilidad de que la propuesta de Montoro -avalada por su "amplio recorrido académico y en la Administración"- se regule a través de una modificación del Código Penal, que ha sido reformado "regularmente" y por última vez hace apenas un año. Si algo caracteriza al Código Penal es que no puede haber condena "si el delito no está codificado", puntualiza, y recuerda que este códice ya contempla delitos que pueden emplearse para perseguir a los malos gestores.

"Hay que plantearse con mucha seriedad si toda la información que generan las administraciones públicas es la adecuada, y qué podemos hacer para que sean más transparentes y para que los gestores públicos puedan hacerlo mejor", explica Pich. Una vía de impulsar esos criterios de "transparencia" y "claridad" sería la de incorporarlos "muy tipificados" y "con mucha seriedad" en el Código Penal; otra pasaría por reforzar los controles a la Administración: interventores públicos, sindicaturas de cuentas y auditorías externas e independientes.

"Hay muchísimo que hacer en el sector público. Es imposible conocer de verdad las cuentas de un ayuntamiento", lamenta Pich, quien advierte de que la liquidación de los presupuestos estatales y autonómicos nunca es objeto del debate público, solo su confección. No en vano, el economista asegura que la información financiera de los ayuntamientos, comunidades e incluso del Estado es "imposible de entender", algo que ha podido propiciar un "uso abusivo de las entidades que salen del control público". Según Pich, la propuesta de Montoro "tiene que ser un paquete de cosas para mejorar la transparencia de las administraciones, para que sean más claras, para que sean más útiles y para primar al administrador público responsable". [?]