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Juan de Dios Anguita juzgó casos en los que se dirimían importantes intereses económicos que les afectaban directamente a él y a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó con una suspensión de 12 años por no abstenerse en esos procedimientos y por ejercer actividades empresariales incompatibles con la de juez. Pero el Tribunal Supremo anuló la decisión un año después, en diciembre de 2010. Consideró que se había tardado demasiado en sancionarlo, que se habían sobrepasado los plazos legales, e incluso reconoció su derecho a ser indemnizado. El juez, titular del juzgado de primera instancia número 4 de Málaga, volvió a impartir justicia. No era la primera vez que el Supremo enmendaba la plana al Poder Judicial para favorecer a Anguita. El tribunal le rebajó en 2006 otra suspensión de tres meses a uno por desatender sus asuntos, y en 2003 le anuló otra por abandonar su puesto de trabajo. Tras su último regreso, fue jubilado por incapacidad en septiembre de 2011.

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, asesoró jurídicamente a un narco y trató de convencer a sus compañeros de tribunal para que lo dejaran en libertad, según la resolución del Consejo que lo apartó de la carrera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó por negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero el Supremo lo absolvió más tarde porque consideró que su asesoramiento no había tenido la suficiente entidad. Martín volvió a su puesto entre los elogios de algunos de sus compañeros, aunque no permaneció en él ni dos meses. El Consejo lo expulsó días antes de su jubilación. El Supremo tendrá, posiblemente, la última palabra.

De la utilización del cargo para el propio beneficio económico a la dejación absoluta de funciones que causa el desgobierno de juzgados y tribunales. Del insulto a casos flagrantes de acoso laboral o a la utilización del juzgado para engrasar y acelerar las gestiones personales más cotidianas. La juez de Úbeda María Dolores Barragán, por ejemplo, abrió diligencias penales contra una perfumería porque no quisieron cambiarle una colonia que había comprado. El castigo para ella fue un año de suspensión. El caso de Barragán está entre los centenares que recoge el repertorio de resoluciones disciplinarias redactadas por el Poder Judicial en los últimos años, que revela actuaciones manifiestamente ilegales de jueces realizadas en acto de servicio. Infracciones cometidas por los que mejor conocen el derecho y los límites que les impone. [?]