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Desde su punto de vista, la Ley del Turno de Oficio presenta varias deficiencias, pero sin duda es el artículo 27 uno de los que más problemas está ocasionando. "La norma prevé que el abogado que haya asistido a una persona que finalmente demuestre tener recursos económicos, pueda cobrar de éste la asistencia recibida, sin embargo, esto provoca la degradación del abogado y el traslado de la gestión del cobro", ya que a menudo debe insistir hasta la saciedad.

El magistrado asegura que muchos letrados que en esta situación deciden desestimar el cobro, por eso aboga "por la subrogación del pago, que sea la Administración quien pague al abogado y que luego ésta lo reclame al particular" añade. No es lo único. Gómez Bermúdez también realizó una propuesta de sostenibilidad basada en un "sistema proporcional de costas". "El actual sistema es absurdo, no se puede permitir que todo el mundo pleitee por todo, hay que acabar con la gratuidad para todos y en todos los casos".

Para el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, es cierto que la Ley del Turno de Oficio, de enero de 1996, "resulta insuficiente", pero alertó de que "no se podía dejar derogar la norma y facilitar que cada gobierno regional legislará a su manera". Defendió que la financiación que exige actualmente es mayor, sobre todo, después de ampliarse varios derechos como los de los menores, las mujeres, inmigrantes y presidarios, y reconoció el derecho de los letrados a cobrar un sueldo digno en tiempo y forma. Actualmente, el turno de oficio cuesta 265 millones de euros, y el 80% de esta cantidad lo aportan las Comunidades Autónomas.

En opinión de Carnicer, el turno de oficio deberá ampliarse en los próximos dos o tres años a discapacitados y a la tercera edad.

Por su parte, Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, cree que el turno de oficio debe seguir siendo público hasta el punto incluso de rechazar el copago, algo que también defendió Bermúdez.

Cinco Días, 18-11-2010