Noticias

Sus beneficiarios y la litigiosidad aumentan exponencialmente en nuestras sociedades avanzadas, de acogida y democráticas, y el Estado no puede mantener a sus arcas su coste en alza. Y los colegios, que prestan su organización pública sin la titularidad del presupuesto ni de la función de la defensa, quedan inermes entre ambos sin instrumentos propios de mediación.

Evitar el colapso del sistema depende de que sepamos encontrar una alternativa dentro de los cánones del interés público que imponen los derechos fundamentales en presencia y la responsabilidad social de la Abogacía o de que venga a ofrecerla el tercer hombre, que nos callará diciendo que, como los demás, sólo busca lucro privado –con fondos públicos–, en libre competencia.

Será una de esas sociedades de intermediación, excluidas del sistema regulador de la abogacía gracias a la Ley de Sociedades Profesionales, que acabará ofreciendo al Estado –y éste aceptará agobiado por las economías– una solución llave en mano con precios asumibles por ser para toda la partida y prestar el servicio con abogados asalariados a destajo de sus despachos en red. Lo que privatizará también la organización del turno de oficio, reducirá la independencia de sus abogados y las garantías éticas de la empresa de la defensa, adulterando definitivamente la naturaleza y calidad de la defensa de oficio y limitando drásticamente los derechos y oportunidades de los justiciables sin fortuna.

Impedir la entrada de los mercaderes en el templo sólo será posible si somos capaces de proponer una solución que sea institucional, que ponga tasa a su coste público, que ofrezca tanto valor social añadido que justifique la inevitable inversión inicial y, finalmente, que la convierta en un centro de imputación de responsabilidad social del sector privado –pro bono–, que complete su financiación. Una solución que sólo puede ofrecer la Abogacía con sus instituciones colegiales, ampliando la función social del turno de oficio a algo que ya hoy resulta imprescindible, que podría solventar con creces y que, sin embargo, se dilapida sin provecho: un colosal sistema de prácticas para el acceso al ejercicio de la Abogacía, aún hoy sin resolver.

Se trataría de convertir la Asistencia Jurídica Gratuita en un gran sistema mutuo de prestación de defensa por profesionales expertos y de formación práctica para nuevos abogados, con la creación en cada demarcación colegial de un despacho–escuela bajo la forma de Sociedad Pública Profesional y la tutela y dirección de los colegios como socios públicos mayoritarios.

Su financiación vendría resuelta con fondos públicos y privados y con la responsabilidad social neta de la Abogacía pero, sobre todo la pública vendría definitivamente dimensionada en términos sostenibles, al confiar la prestación de la defensa de oficio a un número más reducido pero suficiente de profesionales a dedicación plena y dignamente remunerada, en plazas de acceso por concurso de méritos, entre los que primarían la actual pertenencia al turno de oficio, la variedad de modalidades practicadas y los años de antigüedad en el mismo por cada modalidad, que constituirían un formidable, nuclear y experto equipo profesional para asumir la defensa pública de oficio y que, además, asumirían en su quehacer y de forma natural, como en todo gran despacho, la docencia práctica directa sobre los casos defendidos a los aspirantes que aprobaran el examen de acceso al ejercicio en ciernes. Algo parecido a unos hospitales clínicos de la defensa jurídica y a un MIR de la Abogacía.

Un sueño ilustrado de modernidad para dar cauce al sistema de defensa gratuita, a la nueva responsabilidad social de la profesión y a su formación, de la talla de la Institución Libre de Enseñanza. Convertirlo en proyecto viable requiere algo más que soñar en este reducido espacio, pero nada que no pueda la más pujante abogacía de la Unión Europea.

Expansión, 23-07-2010