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Esta defensa, sin embargo, no podrá solicitarse en todos los casos, sino únicamente cuando contra este colectivo se emprenda una acción judicial como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o de su cargo.

Para iniciar el procedimiento, éstos deberán solicitar el servicio a través del secretario de Gobierno correspondiente. Éste se encargará de remitir dicha solicitud, junto con su valoración oportuna, al secretario general de la Administración de Justicia, como órgano superior del cuerpo de los secretarios judiciales, quien a su vez remitirá la solicitud a la abogacía del Estado.

El nuevo convenio se adopta después de que el pasado 13 de mayo, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmaran un acuerdo para la defensa de jueces y magistrados. También en este caso, se circunscribía a los "procedimientos que se siguieran en cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos". Y se añadía que la iniciativa se adoptaba "sin perjuicio de que éstos pudieran designar un abogado y procurador particular o solicitar uno de oficio".

En este caso, el procedimiento a seguir resulta diferente. El Consejo del Poder Judicial remitirá con carácter urgente, a instancias del juez o magistrado interesado, la propuesta de asistencia letrada al Servicio Jurídico del Estado, en la que se realizará una valoración por parte del CGPJ de la concurrencia del requisito de haber actuado el juez o magistrado en el legitimo desempeño de sus funciones, a la que deberán acompañarse los antecedentes necesarios.

Los convenios para jueces y secretarios no podrán suponer un incremento del gasto público. En este sentido, los abogados del Estado deberán cumplir las prestaciones establecidas para ambos colectivos con las disponibilidades presupuestarias ordinarias.

Desde este momento y de forma indefinida, los abogados del Estado, el cuerpo que asume la representación y defensa de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos y órganos constitucionales, independientemente de cuál sea su posición, tendrán una nueva tarea pendiente con la defensa de jueces y secretarios judiciales.

Para Francisco Caamaño, ministro de Justicia, ambas iniciativas suponen una prueba de que Justicia "mantiene un compromiso permanente de diálogo con las asociaciones de secretarios judiciales y con las de jueces a fin de analizar las necesidades y articular las líneas de actuación en consonancia con las funciones y responsabilidades que están asumiendo".

Cinco Días, 20-05-2010