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El recortazo puede poner en riesgo la buena marcha de la Justicia así como el proceso modernizador que lidera el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Las carreras judicial y fiscal se han unido al tsunami que recorre España en contra del decreto-ley aprobado por el Ejecutivo con el fin de reducir el déficit y estudian medidas para poner remedio a una situación que consideran “injusta, discriminatoria y muy grave”.

Las asociaciones han instado a magistrados y fiscales –que verán disminuir sus retribuciones básicas un 9,73%; un 6% el complemento de destino y un 5% los especiales– a que cumplan estrictamente la carga de trabajo que consideren razonable. Este llamamiento a la autorregulación del trabajo significa que los jueces dejarán de suplir con su esfuerzo las carencias del sistema lo que, sin duda, tendrá repercusión en el funcionamiento de la Justicia, que puede llegar a colapsarse.

La Asociación Profesional de la Magistratura indica que las medidas del Gobierno provocan “desmoralización y falta de incentivos” en los jueces y vaticina que ello tendrá “efecto en la eficacia y eficiencia de un sistema ya depauperado”. Además, apunta a que el Ministerio “no se atreve a asegurar el mantenimiento de las exiguas inversiones previstas” en la modernización de la Justicia.

Ninguna asociación descarta la posibilidad de que los togados vuelvan a protagonizar una huelga pues aseguran que tienen que tomar medidas “eficaces, persistentes y continuadas”. Mientras las asociaciones judiciales toman una decisión respecto a qué acciones adoptar, los magistrados, a título individual, han comenzado ya a movilizarse. En la oficina del Defensor del Pueblo se están recibiendo numerosas quejas de jueces en las que exponen que el decreto ley del Gobierno es inconstitucional en lo que afecta a sus retribuciones. Por este motivo, piden a Enrique Múgica que plantee un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.

En los escritos, se pone de relieve que para modificar los emolumentos de jueces y magistrados se deben cumplir una serie de requisitos formales que, en este caso, el Ejecutivo ha obviado como, por ejemplo, el haber pedido al Consejo del Poder Judicial un informe previo.

Al respecto, el Foro Judicial Independiente constata el fracaso de la Ley de Retribuciones para garantizar la independencia del Poder Judicial en el plano económico. Por todo ello, reclaman con urgencia que “el CGPJ asuma estas competencias y que defienda la independencia judicial luchando también por la independencia económica de los jueces”.

Expansión, 01-06-2010